El gobernador Eruviel Ávila y el procurador de Justicia Alfredo Castillo tienen a medios y periodistas en el bolsillo. ¿Por qué entonces podría urgirles atender con políticas públicas integrales la creciente violencia machista que aqueja al Estado de México?
Durante 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Agencia CIMAC, entre otras fuentes, han denunciado que casi mil femicidios y miles de agresiones sexuales permanecen sin castigo desde el gobierno inepto de Enrique Peña Nieto hasta ahora, y en el último año desaparecen por mes 60 mujeres.
Es el contexto del asalto al campamento en un bosque del oriente mexiquense [julio 12, 2012] que incluyó la violencia sexual contra adolescentes. Pero Ávila y Castillo lo reducen a un caso policiaco, seguros de que diversos medios y periodistas se someterán, lo cual evidencian los siguientes ejemplos, ilustrativos de un periodismo aferrado a la «nota roja», servil a la fuente gubernamental y alejado del interés público:
1. Desde el encabezado, La Jornada [julio 14] anuncia el enfoque oficioso: «Violan a 7 mujeres en campamento en el Edomex; Eruviel Ávila dará apoyo», tras lo cual reproduce, sin entrecomillarlas, frases completas del comunicado del gobierno estatal.
2. En «Identifican a responsables en caso Ixtapaluca», El Universal [julio 15] dedica el mayor espacio a los tuits de Ávila y Castillo, y a sus declaraciones donde afirman que las investigaciones progresan y las víctimas reciben la atención debida.
3. En “Quédate quieta y cállate”, Milenio [julio 15] publica información que daña clara y atrozmente la intimidad y la dignidad de las víctimas.
4. Reforma [julio 15], como mencioné la semana anterior, destaca supuestas declaraciones de la madre de una víctima minimizando ciertas formas de agresión sexual.
5. Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión, las principales cadenas radiofónicas y las versiones online y los nuevos medios reprodujeron declaraciones en vivo de personas señaladas por la Procuraduría mexiquense como responsables del ataque al campamento, enfocándose en supuestos detalles sobre las violaciones.
6. Luego han aparecido con menos relieve: a) la exigencia de familias de las víctimas para que no se publiquen declaraciones de los supuestos agresores, así como sus denuncias por el burocratismo y maltrato que recibieron en la agencia del ministerio público de Ixtapaluca, y posibles amenazas; y b) denuncias de familiares de detenidos por abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Esta cobertura periodística amerita reflexionar:
No hay comentarios:
Publicar un comentario