Ante falta de garantías por su vida, Margarita Martínez y su familia salen de Chiapas

Ante la ineficacia del gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal, para garantizar la vida, la
integridad y seguridad de la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez
(en adelante Margarita Martínez) y su familia, han decidido dejar temporalmente el estado de
Chiapas, ya que el riesgo que corre su vida es alto.

El Estado mexicano ha sido incapaz de proteger a Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella y su familia
han recibido varias amenazas de muerte, la última de ellas el pasado 30 de junio, justo cuando se
encontraba en preparación de su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer (el CEDAW), en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, como
parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de México.

En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos
humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciarán la situación de
violencia contra las defensoras en el país. "En México se ha producido un aumento alarmante de
violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en
su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y
criminalización de la protesta social que vive el país."

Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas, ha implementado, a favor de Margarita
Martínez, como parte de las medidas cautelares de la CIDH han sido deficientes y no han logrado
inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar este
estado.


La CIDH es muy clara al decir que El deber de prevención no se limita a proporcionar medidas
materiales de protección, sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que
afectan la seguridad de las personas amenazadas. Para cumplir esta obligación, el Estado debe
investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos, las amenazas y los ataques contra
defensoras y defensores.

Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se
ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la
circulación. La Corte Interamericana ha considerado que se violan estos derechos cuando un
defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para
que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas
provengan de actores no estatales.


Las y los defensores de derechos humanos podemos ejercer libremente nuestra actividad cuando no
somos víctimas de amenazas, ni de agresiones físicas, psíquicas, morales, actos de hostigamiento y
obstaculización a nuestra tarea de promover y defender los derechos humanos. Condiciones que en
el caso de México y particularmente de Margarita Martínez, no se están cumpliendo.

Antecedentes:
Cabe mencionar que Margarita y Adolfo, desde el 2009 han sido víctimas de amenazas, secuestro y
ataques a su integridad personal. Organizaciones internacionales de derechos humanos y la Relatora
Especial sobre la Situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, han
manifestado su preocupación por los ataques a Margarita y Adolfo. En el 2010 la CIDH emitió las
medidas cautelares MC 52-10, a favor de Margarita y su núcleo familiar.
En septiembre del 2011, Adolfo fue invitado a la Plataforma Dublín, organizado por Front Line
Defenders, un espacio para las y los defensores de derechos humanos en el mundo que se
encuentran en riesgo.

El pasado 30 de junio 2012, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
aproximadamente a las 18.00 hrs., Margarita, fue amenazada de muerte a través de escrito  justo
antes de asistir a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos a una de las sesiones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW) en la sede de las Naciones Unidas.