"Tutelares, una bomba de tiempo"

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigadores y legisladores advierten que los consejos tutelares, donde menores infractores cumplen sentencias, se han convertido en una "bomba de tiempo" ante la inseguridad y el abandono en que los tienen las autoridades FALLAS.

En tutelares para menores carecen de registro sistematizado de detenidos, por lo que un joven acusado de robo puede estar internado con un homicida: CNDH. (Foto: ESPECIAL )

 Lunes 16 de abril de 2012
Liliana Alcántara | El Universal
 liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

 “No queremos Z”. Esa fue la consigna que, en una manta, expresaron los internos del Centro de Internamiento del Sistema de Justicia para Adolescentes de Escobedo, Nuevo León. En aquella ocasión, el primero de septiembre de 2011, un grupo de jóvenes subió a la azotea del tutelar para protestar y regresar a sus dormitorios sin mayores incidentes.

Una semana antes, luego de una riña que se registró al interior del centro, tres internos se habían fugado y sólo dos fueron recapturados. Desde entonces, en el lapso de siete meses se han reportado dos motines, el último de los cuales generó una solicitud de medidas cautelares que hizo laComisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Públicalocal a fin de brindar protección a los internos y evitar “la consumación irreparable de cualquier violación a los derechos humanos”.

 Este no ha sido el único tutelar que ha reportado conflictos y fugas de internos. En los últimos ocho meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado conflictos en los centros de internamiento de Culiacán, Zacatecas, Tijuana, Cuernavaca, Hermosillo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, en los que se han reportado fugas, el rescate de jóvenes por parte de “comandos armados”, riñas y motines. El tercer visitador general de la CNDH, Andrés Aguirre, señala que los centros de internamiento para adolescentes en el país padecen de inseguridad y abandono de autoridades.

“Es un problema serio que, de no atenderse, podría generar más condiciones de violencia como los que observamos en los penales federales, en los que ha quedado en evidencia el control que ejercen algunos grupos de la delincuencia organizada”. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Nuevo León, César Garza, considera que los tutelares de esta entidad están colapsados por sobrecupo y son una “bomba de tiempo”. “Los centros de internamiento para menores infractores no son centros de máxima seguridad, los custodios no usan armas y al estar jóvenes vinculados con la delincuencia organizada, crecen las amenazas de inseguridad”, destaca. Roberto Meneses, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala que es evidente que los centros de internamiento para adolescentes han empezado a ser controlados por los cárteles de la droga.

“Hemos visto cómo son cooptados muchos de los jóvenes por los cárteles y algunos de ellos están detenidos en los tutelares, así que es lógico que las riñas entre bandos rivales se trasladen al interior de estos centros, tal y como ocurre en las prisiones de adultos”. Justicia juvenil Datos de la CNDH señalan que 12 mil 509 adolescentes mexicanos están sujetos al sistema de justicia. De ellos, 3 mil 60 están internos en los tutelares; 7 mil 163, siguen en proceso de ser sentenciados y 2 mil 286 fueron sometidos a tratamientos de reinserción social en la modalidad de externamiento.

 En entrevista con EL UNIVERSAL, el tercer visitador general de la CNDH señala que aunque el sistema de justicia para adolescentes está regulado por la Constitución, la mayor parte de los 64 centros de internamiento que hay en el país —y que son dependientes de los gobiernos estatales— tienen serias deficiencias: equipamiento e instalaciones inadecuadas; falta de capacitación de personal y jueces especializados; la edad penal es variable en los estados de la República; muchos internos desconocen el motivo de su encierro; no hay registro sistematizado de los jóvenes detenidos en el país y no hay reglas de clasificación de los internos, por lo que un adolescente acusado de robo puede convivir con alguien que cometió un homicidio.

Tampoco, añade Aguirre Aguilar, hay reglamentos internos; no hay atención especializada para los menores de 18 años de edad que tienen alguna discapacidad; se carece de programas de tratamiento para quienes consumen drogas y varios de los custodios proceden de los penales federales por lo que su trato hacia los adolescentes es inadecuado. En general, dice, hay abandono de las autoridades respecto a la operación de estos centros. Por ello, reconoce que hay un riesgo latente de que estos lugares sean vulnerables al control de los grupos de la delincuencia organizada.

 “Puede haber jóvenes que pertenezcan a bandos contrarios del crimen organizado en el interior de estos centros y si no existe una clasificación de los internos, hay el riesgo de que ocurran riñas como las que hemos visto en penales de adultos”. Caso Escobedo La Comisión de Seguridad en el Congreso de Nuevo León tiene registros de que en el Centro de Internamiento del Sistema de Justicia para Adolescentes de Escobedo hay 400 internos, cuando su capacidad es para 200 jóvenes; 70% de ellos, asegura el presidente de la comisión, está ahí por delitos federales como portación de armas de fuego, narcotráfico y secuestro.

 El diputado del PRI, Héctor Gutiérrez, hizo un llamado al presidente Felipe Calderón para que atienda la problemática de estos centros. “El gobierno de la República debe cumplir con el artículo 18 de la Constitución, el cual establece el mandato de implementar un esquema nacional de justicia para los jóvenes… es un tema muy sensible que no puede dejarse para después porque el tejido social se ha descompuesto debido al abandono en el que se ha dejado a nuestros jóvenes.

La desatención del gobierno federal en el tema de los reos federales ya tuvo resultados fatales. No dejemos que pase lo mismo con los jóvenes infractores”. El legislador local se refiere a los hechos ocurridos en el penal de Apodaca, en Nuevo León, el pasado 19 de febrero, cuando una riña entre miembros del cártel del Golfo y zetas ocasionó la muerte a 44 reos. A unos kilómetros de ahí, en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Escobedo, Nuevo León, la tensión está presente desde agosto del año pasado.

En la medianoche del 6 de agosto los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal se movilizaron ante lo que las autoridades locales calificaron como un intento de motín, cuando un grupo de 12 internos quemaron colchonetas y se manifestaron en el patio supuestamente por la mala calidad de los alimentos que ahí se proporcionan. Luego, el 23 de agosto, en medio de una protesta similar, se reportó la fuga de tres internos, dos de los cuales fueron recapturados el mismo día.

El 1 de septiembre, alrededor de 30 jóvenes subieron a las azoteas del centro para colocar mantas asegurando que un grupo delictivo pretende controlar el inmueble. “No queremos Z” decía una manta que se podía observar desde afuera. Al día siguiente intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitó a la Secretaría d Seguridad Pública medidas de protección “para salvaguardar la integridad física, la vida y la seguridad personal de los adolescentes internados”.

 Pese a ello, cinco días después de la riña en el penal de Apodaca, Nuevo León, el 24 de febrero pasado 28 jóvenes del dormitorio B intentaron amotinarse y protestaron, según el secretario de Seguridad municipal, Hermelindo Lara, para demandar mayor tiempo libre porque hay “demasiadas restricciones”. Consuelo Morales, coordinadora de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Nuevo León, documentó desde 2008 una serie de abusos cometidos en dicho centro como las golpizas que les propinan los custodios cuando hay operativos o cuando un interno violenta las reglas internas y el hecho de que varios internos no saben el motivo de su detención.

 EL UNIVERSAL solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León el acceso a este centro para constatar las condiciones en las que se encuentran los internos, pero fue negado porque debía protegerse la identidad de los internos.