Por Julia Monárrez
El 23 de febrero de este año, en la ciudad de Chihuahua, el Estado mexicano dio inicio a un acto de justicia, pidió perdón y reconoció su responsabilidad por el feminicidio de la joven Paloma Angélica Escobar Ledezma. En este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, cuyo objetivo fue cumplir con la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de gobernación: Alejandro Poiré, reconoció, entre otras fallas, que en el caso de Paloma el Estado había violado los derechos de las garantías judiciales, los Derechos del Niño, además de que ella no había recibido la protección de la ley y la integridad personal. En este evento, también estuvo presente el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien del mismo modo pidió perdón a familiares de la joven Paloma Angélica y declaró:
La injusticia pasiva es quizá la peor de las injusticias porque a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia (Gómez Trejo, 2012).
Paradójicamente, frente a este acto de reparación de injusticia del feminicidio, al día siguiente, tres madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas fueron notificadas que Jessica Leticia Peña García, de 15 años desaparecida desde el 29 Mayo de 2010, Lizbeth Avilés García, de 17 años de edad, con desaparición desde el 21 de abril de 2009 y Andrea Guerrero Venzor, de 15, desaparecida desde el 17 de agosto de 2010, habían sido finalmente encontradas; sin embargo, sus cadáveres formaban parte de la masacre feminicida en contra de niñas y jóvenes mujeres cometida por asesinos cubiertos con toda impunidad, desde hace dos décadas y que ningún orden de gobierno tiene la voluntad política de investigar, sancionar y erradicar.
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