Audiencia ante la Corte Interamericana
San José, Costa Rica, 28 de junio del 2011. Un total de 107 personas en el Estado de Guerrero –entre defensores y defensoras de derechos humanos y sus familiares– siguen en una situación de desprotección por parte del Estado mexicano, a pesar de las medidas urgentes de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 9 de abril del 2009. Así lo expusieron los representantes de los defensores y defensoras en una audiencia pública de revisión de medidas provisionales que celebró hoy el alto Tribunal en su sede en Costa Rica.
Las personas beneficiarias de las medidas provisionales tienen un vínculo directo o indirecto con la denuncia e investigación de la violación sexual de Inés Fernández Ortega cometida en el 2002 por militares, caso que cuenta con una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte IDH. Entre las personas beneficiarias de las medidas, se encuentran la propia Inés Fernández y su familia, Obtilia Eugenio Manuel y su familia, 41 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), 29 miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, y 25 familiares de Raúl Lucas García y Manuel Ponce Rosas, dirigentes asesinados de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
El abogado Agustín Martin, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), contradijo a los representantes del Estado, quienes afirmaron que las medidas provisionales se han implementado apropiadamente. Martin informó que, por ejemplo, 55 personas beneficiarias en distintas comunidades no cuentan con ningún tipo de protección efectiva.
Por su parte, Vidulfo Rosales, beneficiario de las medidas y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, expresó la preocupación de sus representados por el aumento de la violencia en Guerrero y por la militarización en el Estado. Rosales afirmó que ha habido un aumento en las amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guerrero, así como un aumento en la violencia desde que iniciaron los operativos militares en la zona.
Rosales agregó que, desde que las medidas de protección entraron en vigencia, se han presentado 28 nuevos atentados vinculados a las personas beneficiarias, incluyendo actos dirigidos a la hija de Inés Fernández.
La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidió con los representantes de las personas beneficiarias en que las medidas provisionales no están siendo implementadas adecuadamente por el Estado. Asimismo recalcó el hecho de que el riesgo que corren estas personas se relaciona directamente con la búsqueda de justicia en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
CEJIL confía en que una eventual resolución de la Corte IDH reiterará al Estado mexicano su obligación sobre una adecuada implementación de las medidas provisionales. Asimismo, recuerda que la adecuada investigación de las violaciones a derechos humanos y el procesamiento de los responsables representan de las mejores medidas de protección para desactivar los agentes que desencadenan la inseguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus familiares.
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