Marisol Flores
México DF, agosto 07 de 2012.
Ante el incremento de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, agresiones a defensores a los derechos humanos y periodistas, así como la impunidad en las formas de violencia hacia la mujer, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, llamó a las autoridades mexicanas a responder como Estado a los lineamientos del derecho internacional a los que se ha adherido.
El funcionario asistió a la presentación del balance de las observaciones y recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo al Estado mexicano luego de la presentación de sus informes VII y VIII en la 52 sesión del comité en la ONU en julio pasado.
Tras subrayar que el proceso electoral mexicano aún no concluye, Hernández destacó que el nuevo mandatario en su Plan Nacional de Desarrollo debe dar respuesta a las demandas de las mujeres, como crear leyes efectivas y dar seguimiento a las recomendaciones de la ONU.
Indicó que Calderón Hinojosa debe responsabilizarse sobre las omisiones hechas en materia de Derecho Internacional y que invisibilizaron los crímenes por razones de género y fomentaron el no acceso de las víctimas a la justicia.
En conferencia de prensa, el comisionado junto con María de la Luz Estrada, representante de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe CATWLAC.
Las activistas dieron a conocer parte de los 18 informes sombra que presentaron en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en Nueva York, para exponer la situación no oficial de los derechos humanos de las mujeres en México.
Denunciaron que en este encuentro las respuestas de los representantes del Estado mexicano fueron “ambiguas” y “evasivas” sobre los avances jurídicos en los casos de 12 periodistas muertas asesinadas entre 2005-2011 y los 12 casos de defensoras de derechos humanos, destacó Estrada.
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