viernes, 11 de mayo de 2012

Escalera al Cielo por Sergio González Rodríguez

Quiebra del Estado en México 
Por Sergio González Rodríguez

El asesinato de Regina Martínez una semana atrás en Veracruz, que se suma a los 75 asesinatos previos de periodistas en México durante la última década, remite a una reflexión: el Estado de Derecho es inexistente entre nosotros. Tampoco hay el “imperio de la ley” consustancial a dicho concepto, ni el Estado mexicano mantiene un “monopolio de la violencia”.

El asesinato de dicha periodista subraya la completa impunidad de los delitos que se cometen en México. De nada sirve apoyarse en la relatividad estadística de las cifras para aducir que la diferencia entre el 80 por ciento, o 98 o 99 por ciento de impunidad respecto del cien por ciento, es lo que permite defender que en México sí existe un Estado de Derecho, respaldado por un (des)orden institucional que implica de hecho territorios amplios bajo el dominio de los cárteles de la droga. O, peor aún, plantear que en otras partes del mundo también es muy alta la impunidad de los delitos: las sinrazones del comparativismo zafio.

Vivimos en medio de una idea formalista de nuestras instituciones cuya disfuncionalidad pone en evidencia la dinámica de simulación que rige la vida pública y en la que participa la integridad de sus instituciones: de los partidos políticos a la Suprema Corte de Justicia, de los gobiernos a las cámaras de diputados y de senadores, del accionar del capital a los monopolios de la comunicación, de las fuerzas públicas al sistema judicial y penal, del ciclo electoral a los intelectuales y propagandistas que apoyan aquella simulación. En medio, persiste una sociedad cada vez más indefensa ante las complicidades del poder político y económico, por comisión o por omisión, con el crimen organizado.

 El Estado de Derecho, como concepto, sería indicativo e imprescindible para establecer una medición de lo legal y lo ilegal. Su punto de referencia se localizaría menos en un principio meta-jurídico de imperio de la ley abstracto, que en los cumplimientos concretos de sus instituciones.

 La preponderancia de lo legal refiere a la legitimidad de un Estado, así como la importancia de lo ilegal pondría en duda tanto la legalidad en sí como su consecuente y presunta legitimidad. Desde este punto de equilibrio, la pérdida parcial de la legalidad en el territorio del Estado implicaría una quiebra del Estado de Derecho en términos formales y fácticos.

De poco valen eufemismos al respecto, por ejemplo, aquellos que reconocen un Estado en crisis y quieren atenuar el hecho a través de relativizarlo: lo nombran “Estado acorralado”, “Estado débil”, “Estado fallido”, “Estado que puede fallar”, etcétera. En un Estado constitucional de Derecho, ha explicado Luigi Ferrajoli, las garantías constitucionales son las garantías de la rigidez de los principios y de los “Derechos constitucionalmente establecidos que gravan de manera específica a los poderes del Estado”.

La propia Constitución estaría en el “vértice” de las fuentes, en el grado “supraordenado y normativo” de todas sus normas en relación con todas las demás del ordenamiento. Un Estado Constitucional de Derecho sería un Estado garantista, que, en la definición de Ferrajoli, significa un “modelo de Derecho, no sólo de Derecho penal, sino de Derecho en general, orientado a garantizar los Derechos subjetivos”. Con esto se refiere a la universalidad de los Derechos fundamentales.

Por lo tanto, un Estado que incumpliera con sus preceptos constitucionales, sería un Estado sin Derecho, aunque se apegara al formalismo legal en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sería una suerte de entelequia carente de sustancia. Tal es el caso de México, donde las autoridades incumplen y vulneran preceptos constitucionales, incluso desde sus propuestas de reformas jurídicas con la complicidad del poder legislativo para imponerlas.

No es casual que Ferrajoli asocie el Estado Constitucional de Derecho con democracia, que sería su consecuencia ideal. Para comprender la disfuncionalidad del falso Estado de Derecho en México y la ausencia del imperio de la ley tendría que irse más allá de señalar la ruptura entre lo formal y lo material en la realidad del Estado mexicano.

El Índice Internacional de Estado de Derecho (Rule of Law) del organismo World Justice Project, muestra que México ostenta un perfil heterogéneo y lesivo: si bien el país tiene una larga tradición constitucional, protecciones para la libertad de expresión y de creencias, así como presenta independencia del poder judicial y apertura en sus regulaciones, expone una fuerte corrupción en todos los ramos gubernamentales entrelazada con la lucha de las fuerzas policiacas.

De acuerdo con dicho Índice, la justicia criminal es “deficiente” (ocupa el lugar 63 de 66 países evaluados), prevalece la debilidad de sus investigaciones criminales y de los sistemas adjudicados, y hay la discriminación contra grupos vulnerables, corrupción de jueces y policías, violaciones en los procesos judiciales y a los Derechos de los acusados (ocupa el lugar 64 al respecto). Además, registra fallas en el encausamiento judicial de funcionarios y policías corruptos (lugar 59).

En México, y debido a la ausencia de un Estado Constitucional de Derecho, la posibilidad auto-correctiva del propio Estado resulta a su vez inexistente, y esta anomalía se vuelve productiva: prolonga entramados fácticos, el umbral donde se une lo legal e ilegal bajo la sombra del Estado normativo.

En este caso, tal condición determinaría su propio concepto diferencial: un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un An-Estado (del prefijo “an”, del griego “ἀ-“): la privación y la negación de sí mismo.

La disfuncionalidad del An-Estado mexicano se nutre de mayores disfuncionalidades, sobre todo, la compulsión de emitir más y más leyes, más y más penas, más y más burocracia, en lugar de producir Derecho y cumplirlo, desde los preceptos constitucionales hasta las leyes y reglamentos existentes. En México vivimos, por desgracia, en la cultura de la a-legalidad. ¿Hasta cuándo?

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