Amnistía Internacional considera que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal levantan serias dudas acerca de la dirección, control y capacidad de estas corporaciones para realizar operativos y hacer cumplir la ley sin recurrir a violaciones de derechos humanos. Es esencial que estas violaciones no queden impunes.
La organización insta conducir una investigación exhaustiva e imparcial del operativo que resultó en la muerte de los manifestantes Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino, y provocó lesiones a varias personas, así como maltratos a detenidos. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales para culpar el uno al otro ignoran la responsabilidad de ambos por las graves violaciones. Estas declaraciones no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación.
Los videos y las imágenes fotográficas ampliamente diseminadas revelan un operativo caótico en que los policías estatales y federales, apoyados por el ejército, recurrían a la fuerza letal contra manifestantes sin justificación y maltrataban a varios detenidos. El uso, al parecer, de armas automáticas contra manifestantes en una zona urbana puso a la población en general en grave riesgo.
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