Interlocución, efectividad de su mandato, pronunciamientos y prioridad de los Derechos Humanos de las mujeres, pidieron OSC a la representante de Naciones Unidas
La creación de un mecanismo de interlocución permanente con la sociedad civil, la efectividad y prioridad de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en su mandato, y la existencia de pronunciamientos sobre los retrocesos en los temas de DH de la población femenina, fueron las peticiones que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hicieron a la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su visita a México.
“En México las voces de las mujeres han sido acalladas por la violencia estructural y la guerra sin razón y estéril que vivimos, y por eso pedimos un minuto de silencio para recordarlas y para desde el silencio escucharlas…”, denunciaron las defensoras al abordar el clima de impunidad que se vive en México y la tolerancia del Estado mexicano a la violencia contra las mujeres.
Los temas tratados fueron: acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia (feminicidio, violencia sexual, desapariciones y trata de mujeres y niñas); militarización y DH de las mujeres; violencia contra las defensoras de DH y periodistas; casos emblemáticos en Chihuahua y Ciudad Juárez; derechos sexuales, reproductivos y VIH; derechos económicos de las mujeres (laborales, propiedad, pobreza y agua); discriminación y los estereotipos en el ámbito cultural; derechos políticos de las mujeres, y mujeres con discapacidad.
En el país, 98.5 por ciento de los delitos quedan impunes, situación que permite la perpetuación de la violencia, tal es el caso del feminicidio, que si bien comenzó a documentarse a partir de la denuncia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, hoy se extiende en todo el país. En Jalisco –por ejemplo– en 2010 fueron asesinadas 81 mujeres y en lo que va de este año han sido asesinadas más de 50. En Nuevo León de 2000 a 2008 había un promedio de 23 mujeres asesinadas al año; en el 2009 esta cifra aumentó a 40, en el 2010 a 74, y en lo que va de 2011 ya suman 73 mujeres asesinadas en el estado.
En cuanto a la violencia sexual, según datos de la Secretaría de Salud, ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir una cada cuatro minutos. Las desapariciones de mujeres y niñas es un tema que preocupa igualmente a las OSC. De enero a agosto de 2010 se registraron 957 desapariciones en cuatro entidades: Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Chihuahua.
Las defensoras también dieron cuenta de las seis activistas (Bety Cariño, en Oaxaca; Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez, en Chihuahua; e Isabel y Reyna Ayala Nava, en Guerrero), y tres periodistas (Selene Hernández, en el Estado de México; María Isabel Cordero Martínez, en Chihuahua, y María Elvira Hernández Galeana, en Guerrero) asesinadas entre 2010 y 2011.
A estos casos de violación a la libertad de expresión se suman 50 mujeres periodistas y medios de comunicación (entre los que se encuentran radios comunitarias) víctimas de la violencia en el ejercicio de su labor, quienes han recibido hostigamientos, amenazas, intimidaciones, violencia física y verbal; y 30 casos registrados de defensores y defensoras que tuvieron que cambiar de residencia, de los cuales 11 son mujeres.
Se recordó a Pillay los casos de la defensora indígena Obtilia Eugenio y las sobrevivientes de violencia sexual Valentina Rosendo e Inés Fernández, quienes han sido amenazadas por exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de violación por parte del Ejército; asimismo, el de la defensora Margarita Martínez, secuestrada el día que se reunió con un comisionado de la OACNUDH, y de la activista y periodista Lydia Cacho, amenazada de muerte el pasado 14 de julio.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, las OSC recomendaron a la Alta Comisionada instar al Estado Mexicano a que garantice la maternidad libre y voluntaria, y el acceso a la interrupción legal del embarazo. También que se elimine la criminalización de las mujeres por este proceso.
Las defensoras expresaron su preocupación por las condiciones en que viven las mujeres con discapacidad: con programas educativos poco útiles para la vida cotidiana, con servicios de salud no adecuados al tipo de discapacidad y que no garantiza su derecho a la salud física, sexual y psicológica, la falta de respeto y de inclusión en el ámbito social que las imposibilita para establecer una relación sentimental, por lo que se hizo un llamado al reconocimiento pleno de sus derechos y a su integración social como ciudadanas.
También se abordaron los casos de Evitelia Pacheco Ramírez (atacada por encabezar, junto con otras dos mujeres, el gobierno en la agencia municipal de Emiliano Zapata, Oaxaca), y Evic Julián Estrada (a quien no se le permitió ejercer su cargo cuando ganó las elecciones en San Juan Lalana, Oaxaca, en diciembre de 2010), como muestra de las complicaciones que enfrentan las mujeres para participar en los espacios políticos en México.
A su vez se denunció la poca participación femenina en el Poder Legislativo, donde las mujeres representan 26.7 por ciento de los 628 congresistas federales: 27.6 de 128 en el Senado, y 23.4 de 500 en la Cámara de Diputados.
Las defensoras solicitaron a la Alta Comisionada de DH de la ONU, Navi Pillay, que exhorte al Estado Mexicano a vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de participación política de las mujeres, a adecuar las leyes para evitar que las representantes populares electas cedan su sitio a sus suplentes varones, y a condenar los actos de violencia cometidos contra las mujeres indígenas que participan en la vida política de sus comunidades.
Sobre los derechos económicos, se hizo un llamado a atender a las comunidades indígenas y campesinas, donde ocho de cada 10 mujeres es pobre y 18.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria.
Respecto a las violaciones al derecho al agua, al saneamiento y a la propiedad de la tierra se denunció que más de 11 millones de personas no acceden al agua de la red pública, y 35 millones no la reciben dentro de su vivienda (Censo 2010).
Ni siquiera la tercera parte del total de los ejidatarios corresponde a mujeres y de éstas, 66 por ciento rebasan los 50 años de edad, es decir, son depositarias de las tierras por herencia al enviudar. En este sentido se instó a la Alta Comisionada a incluir a las mujeres en la elaboración de políticas agrarias y en los créditos para la producción.
La denuncia se extendió a los contenidos de los medios de comunicación, donde las mujeres ocupan sólo 16 por ciento de los espacios (CIMAC, 2006), y donde se siguen reproduciendo estereotipos que favorecen su discriminación, contrario a los acuerdos y tratados internacionales que México ha ratificado, como el apartado “J” de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de Beijing en 1995, por lo que se hizo un llamado a vigilar su aplicación.
El Estado mexicano ha recibido un total de mil 12 recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales entre 2000 y 2010, de las cuales 279 se refieren a asuntos urgentes de atender para garantizar los derechos de las mujeres.
Tales recomendaciones emanan de 27 informes, 141 competen a la problemática de Ciudad Juárez. El Estado mexicano a nivel federal y estatal no ha cumplido de manera integral las recomendaciones, mientras que las violaciones a los DH en estos últimos cinco años se han agravado. El próximo 7 de octubre, a través del representante de Pillay en México, se revisará el cumplimiento de las solicitudes de esta reunión.
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Organizaciones presentes:
Alternativas Pacíficas A.C, Arthemisas por la Equidad, A. C, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Asociación Queretana de Educación Para las Sexualidades Humanas A.C., Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos A.C, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C, Balance, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe CATLAW, Católicas por el Derecho a Decidir, CIM Nuevo León, Colectivo Plural, Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua; Centro de Estudios, Difusión e Investigación sobre Sexualidad Humana A.C; Comunicación e Información de la Mujer A.C, Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina; Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Género, Ética y Salud Sexual, A. C, Grupo de Información en Reproducción Elegida, JASS Asociadas por lo Justo, Justicia para Nuestras Hijas, Las Libres, Milenio Feminista, Mujeres por el Dialogo, Mujeres en Frecuencia A.C, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, Poder Ciudadano Independiente, ProSalud Sexual y Reproductiva, A. C, RDfine Instituto Simone de Beauvoir, Red Mesa de Mujeres de Juárez, Red Género y Medio Ambiente, Red Iberoamericana pro Derechos Humanos, Red Nacional Género y Economía, Semillas, Salud Integral para la Mujer A. C SIPAM, Tlachinollan Centro de derechos Humanos de la Montaña, Unión Nacional de Trabajadoras.
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