México D.F., 29 de junio de 2011
Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la defensa de la aplicación del arraigo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, conforme a las recientes declaraciones vertidas en medios de comunicación por el titular de esa institución, el Sr. Miguel Ángel Mancera, como reacción a la recomendación 02/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que incluye la eliminación del
arraigo.
Al respecto, nos permitimos recordar al procurador que, tal como lo establece la recomendación 02/2011 de la CDHDF así como reiterados llamados de los cuerpos de derechos humanos de la ONU, de los cuales los más recientes son el Comité de Derechos Humanos y la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados, el arraigo ha sido considerado contrario a los principios de que regulan un genuino Estado democrático de Derecho, por violar flagrantemente el principio de legalidad, así como los derechos de libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia,los relacionados al debido proceso, al honor y la reputación, a un recurso legal efectivo, y a la integridad física y mental de las personas, de conformidad con las obligaciones suscritas por el Estado mexicano en su conjunto y consagradas en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La medida se vuelve una violación de derechos humanos debido a las siguientes razones: a) la falta de control sobre la legalidad de la detención; b) la inexistencia de estándares probatorios; c) la falta de control sobre el espeto, garantía y protección de los derechos humanos de las personas en situación de arraigo; y e) la inexistencia de criterios de proporcionalidad en la fijación del plazo de la medida. Aunado a lo anterior, el número de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes asociados a la situación de arraigo, así como su posibilidad permanente, siguen presentes como lo revelan informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la CDHDF, y organizaciones de la sociedad civil
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