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La declaración de la OEA declara, entre otros puntos:
1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.
2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades.
3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad publica y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.
5. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la sociedad en su conjunto.
6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.
7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.
8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.
9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable.
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