Por Patricia Colchero en su blog, síguela: http://pcolchero.blogspot.com/
Hace solo 6 meses, en agosto de 2010, que Catalina Botero y Frank La Rue, Relatores para la libertad de expresión de la OEA y la ONU respectivamente, visitaron México y señalaron públicamente su preocupación por los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones en nuestro país. Conforme a la información recibida por los Relatores (64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en los últimos diez años), en su informe preliminar señalaron que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas y que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados.
Conclusiones gravísimas que debieran sacudir a nuestro gobierno para adoptar medidas urgentes que respeten y garanticen la libertad de expresión; sin embargo, contrariamente el gobierno federal ha decidido emprender una ruta hacia el otro lado: la censura. Carmen Aristegui ya no estará en el noticiero de MVS por haber violado el código de ética de la empresa. No sabemos a qué se refiere, qué parte de qué código de ética violó, pero sabemos que está relacionado con el comentario de la periodista respecto de la manta presentada en el Congreso aludiendo a un presunto alcoholismo del Presidente Calderón. Como bien señaló Carmen, si fueran ciertos los rumores que cada vez son más frecuentes, es un tema delicado y es preciso saber si existe o no este problema, lo cual merecería una respuesta seria, clara y formal por parte de la propia Presidencia.
Algunos se preguntan si es un asunto de interés público los rumores de alcoholismo de Felipe Calderón. Creo que es obvio que este tema no estaría en la arena pública, ni nos importaría a las y los ciudadanos si se tratara de cualquier persona, pero en este caso, estamos hablando nada más y nada menos que del Presidente de México. Ese es por supuesto un tema que preocupa y sobre el cual tenemos el derecho de conocer la información. Con todo atino, Carmen mencionaba que en las democracias del mundo se piden estudios médicos para conocer la condición de los gobernantes debido a que están en una posición de altísima responsabilidad y tomando decisiones a nombre del interés general.
En lugar de informarnos, la respuesta es quitar a Carmen Aristegui del noticiero, contraviniendo las recomendaciones de los relatores de la libertad de expresión de los organismos internacionales de derechos humanos. La CIDH ha llamado reiteradamente a los Estados a no criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente respecto a asuntos de interés público.
La libertad de expresión no es una graciosa concesión del gobierno, sino un derecho humano. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA establece que: “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. … La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
La buena noticia es que la sociedad civil mexicana está alerta y activa. Durante estos días se ha mantenido el tema en las redes sociales, que es casi el único espacio que nos queda para manifestar nuestras opiniones y organizarnos. Hay diversas propuestas como marchas, boicots, pronunciamientos, etc. que conjugadas demostrarán que hay voluntad y fuerza para luchar por el respeto y garantía de los derechos humanos.
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