El día después, gulp por Sergio González Rodríguez

Frases para que las copie Bart Simpson en la pizarra: “el regreso del PRI no daña a la democracia”; “las tendencias no me favorecen”; “ha sido una elección llena de irregularidades”; “Somos una nueva generación, no hay regreso al pasado, no compramos votos”; “¿qué pasó con las encuestas?”; “falló nuestra precisión informativa”; “desconocer resultado, fuera del marco legal”; “y la vida sigue”; “México necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro: eso es el PRI” (Risas enlatadas, por favor).

La noche del domingo 1º de julio, los votantes en México se fueron a dormir en sus hogares y despertaron en Suiza: la democracia se había instalado por fin. La mayoría de los políticos y comunicadores en la prensa, la radio, las televisoras, transmitían un mensaje unánime de dicha y “respeto a la legalidad”: hay que rendirse ante el ganador de la votación. Váyanse conformes con los resultados a sus casas, a la universidad, a sus trabajos. Así es esto de la democracia: acatar. Nos vemos en los próximos comicios. Gracias México. Bye, ciao.

Bajo las adhesiones al candidato del PRI, se presentó el mismo espectáculo que tras el 2 de julio de 2006, cuyo mensaje es: la legalidad se impone. Las “inconformidades normales” que resonaron en el ámbito internacional, deben relativizarse, por ejemplo: los contratos de propaganda en el caso Peña Nieto/ Televisa, la probable compra de votos vía tarjetas de “descuento” en Soriana, los recursos para la campaña del PRI vía Monex, las encuestas manipuladas, el dinero del narcotráfico, etcétera.  

Sin embargo, mientras esté ausente una investigación eficaz sobre las anomalías descritas, nadie podrá presumir que las recientes elecciones fueron apegadas a derecho.

Como en 2006, tanto el IFE como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales alegarán limitaciones legales en cuanto indagar a fondo las anomalías. Los funcionarios a cargo ahora, al igual que en 2006 o 2000, actuarán “con visión de Estado en defensa de nuestras instituciones” (Do you remember Amigos de Fox?). La lógica del procedimiento burocrático se impondrá por encima de la lógica del derecho y los principios constitucionales. Tal es el problema de las democracias procedimentales: someten el derecho a la política, cuando el derecho, y su vinculación con los principios constitucionales, ha de controlar la política.

Las limitaciones de nuestra “democracia” obedecen a la confusión del concepto de derecho con el de legalidad, generalizada en los usos de nuestra esfera pública. Para muchos, las meras formas o procedimientos (y sus procesos políticos) realizan la democracia, lo que en tanto fin en sí refleja una idea de conformidad. Por el contrario, desde el punto de vista de la democracia constitucional, los significados de las leyes deben ser coherentes, en idea y práctica, con las normas constitucionales que disciplinan su producción (Luigi Ferrajoli, dixit).

La legalidad no sólo reside en el respeto a las formas, sino en que su contenido sea coherente con las normas constitucionales. En otras palabras, los principios de un Estado de derecho determinan que haya un debido proceso electoral, en términos de igualdad e imparcialidad: una circunstancia  inexistente en las elecciones recientes de México.

Bajo los principios constitucionales, debe prevalecer el espíritu de inconformidad ante los resultados de las elecciones del domingo anterior: la participación política tiene que ir más allá de lo procedimental, la coyuntura electoral y el voto. Implica, entre otras cosas, una actitud crítica contra las imposiciones de los poderes salvajes que se fundan en una tríada: corruptelas, comunicación y política. De la pizarra de Bart: “la verdad no está allá afuera”.