En Brasil, una joven embarazada fue detenida por la policía, acusada de «micro-tráfico» de estupefacientes, y aunque la ley ordena arresto domiciliario mientras dure el proceso penal, fue puesta en «prisión preventiva». Hoy tiene siete meses de gestación y sigue en la cárcel, donde carece de la atención médica adecuada. Si da a luz en prisión la atenderán solo si antes la esposan.
En México, una mujer pasó 4 años en «prisión preventiva» durante los cuales las autoridades penitenciarias condicionaron su derecho a la visita conyugal y la obligaron a aplicarse una inyección anticonceptiva sin un examen médico previo, la cual al día sigue causándole efectos secundarios.
Casos tan dramáticos como estos son referidos en «Mujeres y Prisión Preventiva: Presuntas inocentes sufriendo castigos anticipados y abusos» [abril 17, 2012], una impactante hoja informativa de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio-Región América Latina —de la que es parte también el Proyecto Presunción de Inocencia en México.
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