Ernesto López Portillo
07 de marzo de 2012
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó en Ginebra su Informe sobre México derivado de la visita hecha a este país entre el 18 y el 31 de marzo del 2011. Se trata de una nueva aportación a la vasta documentación en torno a la reversión nacional en materia de respeto y promoción a los Derechos Humanos. Por un lado, el GTD reconoce los esfuerzos que el Gobierno de México realiza para enfrentar la inseguridad y la violencia y agradece la invitación a esta visita.
Por el otro, enumera evidencias que revelan normas, diseños institucionales y prácticas que reproducen la desaparición forzada, misma que la Organización de Estados Americanos define como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
El GTD asevera que “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres”.
La debilidad institucional figura al mismo tiempo entre los factores de riesgo para las desapariciones forzadas y como obstáculo que hace imposible su verdadera medición. El reporte destaca que “Solo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos… no puede ser establecido a cabalidad”. Pero los datos disponibles recogidos son suficientes para inferir el escalamiento: cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010 por desaparición forzada ante la CNDH.
En el mismo año, 346 personas desaparecidas según el propio Ombudsman. Pero las “organizaciones civiles reportaron que –de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006”. El GTD ha transmitido, hasta el informe de 2010, 412 casos al Gobierno de México, de los cuales 238 no se han resuelto. Los números “no son representativos de la dimensión de las desapariciones forzadas. El incremento del número de nuevos casos admitidos por el Grupo de Trabajo durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podrían indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México”.
El reporte destaca la operación del crimen organizado en secuestros y la del Estado en desapariciones forzadas. Afirma haber recibido información creíble sobre detenciones a cargo de militares en contra de civiles llevados a instalaciones de las Fuerzas Armadas. Y dos aspectos clave complementan el fenómeno; primero, “el Grupo de Trabajo no recibió información clara y específica sobre el tipo de control que las autoridades civiles realizan cada vez que las autoridades militares detienen a civiles”. Segundo, “no recibió información relacionada con la implementación de mecanismos de supervisión del uso de la fuerza por elementos policiales y militares”.
Recuerdo en el Alcazar del Castillo de Chapultepec cuando Javier Sicilia dijo al Presidente Calderón que parte central del fallo de su estrategia había sido embestir a la delincuencia organizada con instituciones débiles, a lo que el titular del Ejecutivo Federal respondió que debía actuar, incluso con piedras si hubiera sido necesario. Mi tesis: aquí parte de los más extremos costos de la decisión. La ONU nos hace saber que hay personas desapareciendo a manos de la delincuencia organizada y del propio Estado en una cantidad incierta pero en claro aumento. Engrosa la ya voluminosa evidencia del yerro sexenal. Dramático.
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