Por San Juana Martínez en La Jornada el 13 de Febrero de 2012
La procuraduría protege al asesino, acusa mientras resana los agujeros de las balas en su casa
Apenas entró a la casa, un encapuchado le disparó en la frente cuando él levantaba las manos
No mataron a un perro, dice llorando Gustavo Acosta Ríos mientras resana las paredes de su casa, a la que ha vuelto después de cinco meses. Los agujeros de las balas siguen allí y los recuerdos de su hijo, Gustavo Acosta Luján, de 31 años, ejecutado extrajudicialmente en Apodaca, Nuevo León.
Ya saben quién lo mató, pero no lo detienen. La procuraduría lo protege.
Llevamos cinco meses luchando para que se haga justicia y limpien el nombre de mi hijo, señala Acosta Ríos mientras camina con un bastón y muestra un documental realizado por Human Rights Watch para exhibir con este caso paradigmático el crimen de ejecución extrajudicial cometido por la Marina en la guerra contra el narco llevada acabo por este gobierno.
Cada vez que entra a la sala de su casa –dice– los hechos vuelven a su memoria en forma de una película de terror: ¡Abran la puerta, hijos de la chingada!, gritan desde afuera. Es la una de la mañana del primero de septiembre de 2011.
El sonido de las balas retumba en las paredes. Su hijo contesta: tranquilos, ahora les abro; no estamos escondiendo nada. Acosta Ríos está acostado en un sofá y se levanta convaleciente por su operación en una pierna, aturdido por el estruendo sin poder mediar palabra: les voy a abrir, papá, le dice, al tiempo que quita los cerrojos de la puerta principal. La abren con una patada.
En la oscuridad aparecen varios hombres encapuchados usando chaleco de la Marina Armada de México, quienes le apuntan. Gustavo levanta las manos. Sin mediar palabra, uno de ellos se acerca y le dispara en la frente. Antes de caer intenta proteger a su padre y se mueve para recibir el segundo balazo. Se desploma. Gritos, llanto, golpes, más balazos...
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