miércoles, 29 de febrero de 2012

Garzón absuelto: comunicado de organizaciones internacionales

Hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Center for Constitutional Rights (CCR), the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Lawyers Rights Watch Canada (LRWC), el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Rights International Spain (RIS) expresan su satisfacción por la sentencia absolutoria adoptada por mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España en la causa contra el Juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso de la «Memoria Histórica». Estas organizaciones emiten al respecto el siguiente comunicado:


 “Nuestras organizaciones, que incluyen observadores internacionales y nacionales que presenciaron el juicio seguido contra el Juez Baltasar Garzón, han mostrado preocupación durante el juicio celebrado las pasadas semanas y han advertido con anterioridad (https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiNmM5ZTExNWEtZmQ5Yy00NTMxLTk1ZjYtMzZhMWVjNmYwYTU2/edit?pli=1) a la comunidad internacional y a la sociedad española sobre los peligros que este proceso representaba para la independencia judicial y para el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Por ello, celebramos que el Tribunal Supremo haya absuelto al Juez Baltasar Garzón de los cargos de prevaricación en este caso. Pero al mismo tiempo, queremos recalcar nuestra profunda preocupación y rechazo por el grave daño inflingido desde la apertura de este proceso al Juez Garzón, así como al Poder Judicial en su conjunto. El Juez Garzón nunca debería haber sido enjuiciado por el solo hecho de cumplir con la obligación jurídica de investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado, de conformidad con la legalidad internacional.

 Con todo, tras esta sentencia sigue sin haber respuesta a la cuestión fundamental que se encuentra en el fondo de la actuación del Juez Garzón y del procedimiento seguido contra él: ¿quien tiene competencia para la investigación de los crímenes de cometidos durante la Guerra Civil y el régimen Franquista en España? Recordamos al Tribunal Supremo que tiene la obligación de pronunciarse acerca de la cuestión de competencia, cuya resolución supeditó de forma insólita al proceso por prevaricación contra el Juez Garzón, y que en consecuencia está pendiente desde hace más de dos años. Nuestras organizaciones instan al Tribunal Supremo a que determine, de acuerdo con el mandato constitucional y con plena observancia de los principios del Derecho internacional, cuál es el tribunal competente para investigar y, de este modo, asegurar un remedio efectivo para las 114,266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la Guerra Civil y el subsiguiente régimen franquista.

Asimismo, instamos al Tribunal Supremo a que confirme la vigencia de las normas y de los principios de Derecho nacional e internacional aplicables a la investigación y a la reparación de estos y de otros graves crímenes de derecho internacional. Junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, urgimos a España a derogar la ley de amnistía de 1977, puesto que viola las obligaciones internacionales contraídas por España desde ese mismo año, y así asumidas en la Constitución española (artículos 1.1, 9, 10.2, 95 y 96). Nuestras organizaciones instan además a las autoridades españolas a cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar las medidas necesarias para asegurar que existe responsabilidad por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional que amenazan la paz y la seguridad colectiva. De conformidad con el cumplimiento efectivo y la plena observancia del derecho internacional, las autoridades españolas deben actuar para garantizar de manera efectiva la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.”

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