por Sergio González Rodríguez en su blog “Multiverso” (http://www.frontera.es)
En 2009, la Corte Penal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tribunal supremo a nivel continental, condenó al Estado mexicano por el caso de tres asesinadas en Ciudad Juárez: Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González. Al lado de otras cinco víctimas, las tres muchachas fueron halladas en un campo algodonero en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
En días pasados, el gobierno mexicano inauguró un monumento en honor de aquellas víctimas y bajo el supuesto de consumar el seguimiento de la sentencia de la CIDH, en cuyos resolutivos 16 y 17 se ordena tal construcción. Sin embargo, el gobierno mexicano insistió en el desacato a dicho tribunal: no sólo ha incumplido al pie de la letra el contenido de la sentencia, sino que, al contrario de lo que indican los resolutivos correspondientes, se negó a inscribir los nombres de todas las víctimas, de 1993 a 2006, en el monumento. El gesto es obvio: el gobierno mexicano se niega a reconocer el problema.
El agravio reciente a las víctimas y a sus familias se suma a la tragedia de la impunidad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez des los años noventa del siglo anterior. Un fenómeno de resonancia internacional que ha persistido, y que ocasionó la tipificación del delito de feminicidio en México.
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