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(México D.F., 9 de noviembre de 2011) – En el marco de la lucha contra ladelincuencia organizada en México, militares y policías han cometidoviolaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso estásiendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informepublicado hoy.
El informe de 229 páginas,“Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones,desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ deMéxico”, examina las consecuencias para los derechos humanosdel enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra lospoderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través deinvestigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados másviolentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugierenfuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participadoen más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecucionesextrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de2006.
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ deMéxico ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos,torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad,que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor quepredomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco,director para las Américas de Human Rights Watch.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, directorejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe alPresidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la SupremaCorte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedadcivil.
Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006,Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocóal Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, apesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de estainstitución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa,además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y defuerzas de policía estatales y locales.
En los cinco estados relevados – Baja California, Chihuahua, Guerrero,Nuevo León y Tabasco – Human Rights Watch comprobó que las fuerzas deseguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que losdetenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobrelos carteles. El informe también contiene evidencias contundentes quesugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” yejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidaspara ocultar sus delitos.
Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos deinformación pública y del examen de un amplio espectro de estadísticasoficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechoshumanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidasadoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con lainvestigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó HumanRights Watch.
Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones dederechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgadosen la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia deMéxico y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en suspronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en lajurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen dela imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propiosmiembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total,afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 yabril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contraciviles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.
Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidasbásicas – como entrevistar a testigos clave o visitar la escena delcrimen – para investigar denuncias de violaciones de derechos humanoscometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, segúninformación solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estadosrelevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratoscrueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanosde los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estosestados por hechos de tortura.
“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar deello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas comodelincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco.“Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción queimpulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seresqueridos”.
En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamenteque el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas alnarcotráfico – que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 yenero de 2011– eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por HumanRights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. LaProcuraduría General de la República, que cuenta con facultadesconstitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados conla delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamentehabía iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federalessolamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otrosdelitos relacionados con la delincuencia organizada.
Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionariosjudiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entreellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblementemediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen“confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en basesmilitares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuandoexaminan a los detenidos.
El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo,legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en elinforme, incluidas las siguientes:
· El Congreso debería reformar elCódigo de Justicia Militar para impedir que las investigaciones depresuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a caboen la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia dela República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigartodos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidasaquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
· Los funcionarios públicos deberíanabstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen lasdenuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así comode afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayansido condenadas por algún delito.
· Los jueces deberían hacer cumplirla prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y loslegisladores deberían derogar las disposiciones legales – como elarraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten ladetención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) –que facilitan el abuso de los detenidos.
“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenesaberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sinembargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleandoun estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es locorrecto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito decualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.
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