lunes, 28 de noviembre de 2011

Estas son las razones por las que más de 20mil ciudadanos interpusieron una demanda en la Corte Penal Internacional de la Haya

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A pesar de su poca resonancia en México, la iniciativa ha causado revuelo en el extranjero donde medios como el The New York Times, La Nación de Argentina, el Los Angeles Times o The Guardian han dedicado columnas para explicar lo que es una iniciativa inédita para el contexto mexicano. Inédita, y sorpresiva, añadiría yo, ya que desde el extranjero suele entenderse la situación dramática que se vive México como la desafortunada consecuencia de una estrategia frontal y, sobre todo, “necesaria” por parte del Estado Mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Creo que también es “necesario” que se vea la realidad mexicana desde ópticas más críticas. La iniciativa ciudadana para llevar ante la justicia internacional al Presidente Calderón y su gabinete de seguridad, así como a los capos de los principales cárteles del narcotráfico, me parece una excelente oportunidad para que las decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados sean vistos como algo más que daños colaterales. Creo que es necesario desvelar la tragedia social que se esconde tras los 50,000 muertos, 10,000 desaparecidos y 230,000 desplazados. En cada uno de estos casos hay víctimas invisibles e indirectas que no salen en ningún telediario: familias que no volverán a su casa o que perdieron su negocio. Niños que han perdido a su padre, madres que han perdidos a sus hijos, familias enteras destrozadas por la violencia. A pesar de lo anterior creo que la iniciativa está condenada a quedarse en eso, ya que la Corte Penal Internacional es una institución que ha nacido con las garras cortadas y con una muy estrecha capacidad de hacer justicia. A pesar de esto creo que la iniciativa debe presentarse para que desde el extranjero se pueda valorar la dramática situación que se está viviendo en México.

“Las ‘guerras contra el narcotráfico’ -si es que esto puede llamarse guerra- tienen comienzo pero nunca un final”[4], reflexiona Yezid Arteta en un artículo sobre la “colombianización” de México. La realidad distorsionada que nos encontramos en varios medios de comunicación es consecuencia directa de la narrativa exculpatoria y justificativa proveniente del discurso estadounidense de “Guerra contra las drogas” que durante cuarenta años ha dominado y envenenado el escenario latinoamericano. Bajo este discurso, las bajas civiles, los abusos de autoridad y las vulneraciones a los Derechos Humanos y libertades fundamentales deben palidecer mediáticamente ante los grandes decomisos de armas y estupefacientes, las capturas ¾o asesinatos¾ espectaculares de capos, así como ante los grandes operativos militares.

Dicho esto, resulta obvio que la estrategia de seguridad de la Administración de Felipe Calderón esté inscrita dentro del ámbito de la llamada “Guerra contra las drogas”. Dicha “guerra” fue declarada por Richard Nixon en 1971, escalada por Ronald Reagan en la década de los 80’s, continuada por todas las administraciones estadounidenses y acatada por decenas de gobiernos latinoamericanos con resultados desastrosos. Aunque algunos consideran que el término “guerra” debe ser entendido metafóricamente, los más de 60,000 desaparecidos en Colombia[5] y los cerca de 50,000 muertos en México no tienen nada de metafórico. De hecho el Presidente Felipe Calderón usó indiscriminadamente el término “Guerra contra el narcotráfico” durante los primeros cuatro años de su mandato hasta que hace un año alguien le recomendó decantarse por el apelativo más neutral de “lucha contra el crimen organizado”. La realidad confirma que el nuevo nombre es sólo un eufemismo porque a día de hoy más de 50,000 soldados se desempeñan en labores de seguridad pública -que no son la suyas- en Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

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