Ciudad de México, 26 de septiembre, 2011.- El semanario político Proceso que se edita en la Ciudad de México se convirtió en los últimos meses en objeto de una estrategia consistente en la compra masiva de ejemplares en diversas ciudades del país, para impedir la circulación de información crítica que pone en entredicho a las autoridades locales.
La maniobra, cada vez más recurrente contra la revista, fue usada durante las últimas dos semanas en ciudades de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla, donde desconocidos se presentaron en diferentes puntos de venta para comprar, sin ningún tipo de violencia, el total de los ejemplares en circulación, impidiendo que éstos lleguen a su público objetivo.
Hechos similares ya habían sido documentados por ARTICLE 19 anteriormente en Sinaloa y Sonora, donde grupos con interés de impedir la difusión de reportajes sobre la presunta relación de políticos y funcionarios de alto nivel con el narcotráfico compraron a los distribuidores todas las revistas destinadas para la venta al público en aquellas entidades. El caso más reciente se presentó este fin de semana en Veracruz, donde 5,400 ejemplares de la revista, que dedicó su portada a la violencia del narcotráfico en el estado, fueron sacados de los puntos de venta por personas que los compraron en su totalidad.
Rafael Rodríguez Castañeda, director de la publicación explicó que estas acciones concertadas en distintas ciudades han significado que en sólo dos semanas 12 mil ejemplares de Proceso terminaran en unas cuantas manos y no llegaran a los lectores.
ARTICLE 19 considera que la compra masiva, así como el robo de ejemplares con el fin de evitar que lleguen a sus destinatarios es una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público, tal como lo establecen el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese sentido ARTICLE 19 hace un llamado a los gobiernos estatales y federal para que cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen la libre difusión e ideas e información. Todo obstáculo o restricción realizados por personas privadas o por agentes estatales representan una violación a los principios que prohíben la censura previa.
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