De: Víctor M. Quintana S.
En La Jornada 24/06/2011
La noche del 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a la fuerza y sin orden judicial a tres jóvenes: Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; a su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y a la prima de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18. Permanecen desaparecidos desde entonces. Pero gracias a la reacción de la familia y de tres organizaciones de derechos humanos está a punto de lograrse la primera resolución de revisión de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de una acción de los operativos conjuntos de policías y Ejército iniciados por Calderón en 2006.
Hay pruebas de que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes privaron ilegalmente de su libertad a los Alvarado: la camioneta en que viajaban Nitza Paola y José Ángel al ser detenidos fue incautada por el Ejército y puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo Casas Grandes, según consta en autos. Por otro lado, al interponer la denuncia correspondiente los familiares de los jóvenes, los días 30 y 31 de diciembre de ese año, fueron informados por sendos agentes del Ministerio Público de que los tres estaban detenidos en las instalaciones del 35 batallón de infantería en Nuevo Casas Grandes. Más: los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de que éstas fueron desaparecidas durante el operativo que el Ejército Mexicano realizó en Buenaventura el 29 de diciembre de 2009, comandado por el teniente coronel Élfego José Luján Ruiz.
SIGUE LEYENDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario