10 y 11 de Febrero de 2011.
Resolutivo:
El 2º Seminario Nacional de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A. C., celebrado 10 y 11 de febrero de 2011, continua la discusión sobre los preceptos sustantivos y adjetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los mecanismos que deben constituirse para garantizar la aplicación de la mencionada Ley General. En el acto de inauguración participaron refrendando su apoyo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como al empoderamiento de la Ley General, Luis González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Clemencia Muñoz Tamayo por ONUMujeres; Izta Castañeda por el PNUD; Victoriana Jiménez Jacinto por el INMUJERES, Dip. Teresa Incháustegui Presidenta de la Comisión de Feminicidio; Martha Lucía Micher Directora General del Inmujeres DF; Gloria Ramírez por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y Olivia Tena por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, así como Marcela Lagarde y de los Ríos en su calidad de Presidenta de la Red de Investigadoras.
A cuatro años de promulgada la Ley General, la Red de Investigadoras manifestamos nuestra protesta por la falta de cumplimiento por parte de las diversas autoridades e instituciones en la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el diseño de los mecanismos derivados de los transitorios, así como de las reformas jurídicas indispensables que completen el proceso de implementación de la Ley. Es evidente la falta de voluntad política para cumplir con lo establecido en la legislación, contribuye a agravar la situación de impunidad y favorece al aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en México.
Manifestamos nuestra preocupación por la falta de información pública y de transparencia en el uso del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la aplicabilidad de esta Ley, de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y para la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Ante la creciente violencia contra las mujeres en México, denunciamos la negligencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que constituye una violencia institucional contra las mujeres en México.
En las intervenciones de las integrantes de la Red de Investigadoras, se constató la simulación del funcionamiento de los sistemas e instancias que tienen a su cargo el desarrollo de las políticas de gobierno contenidas en la Ley General y en las leyes locales en la materia; los programas de las dependencias son inconstantes, insuficientes, parciales y no concuerdan con el objeto de la Ley. En el mejor de los casos se reducen a una inadecuada atención a mujeres víctimas de violencia; omiten las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Aún en el caso de la atención, no se aplican las medidas de emergencia tales como la Alerta de Violencia de Género.
Igualmente se expresó indignación porque ante la violencia de género contra mujeres y niñas, siguen aplicándose las leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica, en una clara omisión de las leyes de acceso inscritas en la armonización de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las propias leyes en la materia aprobadas por los congresos locales. Hemos sostenido reiteradamente que es responsabilidad del Estado, incidir para eliminar las causas estructurales de la violencia de género.
Se evidenció que la militarización de la persecución de la delincuencia organizada es una política nefasta porque violenta el Estado de Derecho Constitucional, genera inseguridad, propicia mayor violencia feminicida y trasgrede los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, porque se encuentran ante mayores riesgos y situaciones de gran vulnerabilidad.
Consideramos absolutamente ilegal la falta del Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra mujeres y niñas que debería haberse realizado “dentro de los 365 días siguientes de la integración del Sistema”, para el cual la Cámara de Diputados ha asignado recursos para su elaboración, de cuya aplicación no se ha informado públicamente.
Igualmente consideramos absolutamente ilegal la falta de creación y diseño del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, que deberá integrarse “dentro de los 365 días siguientes de la conformación del Sistema”, para el cual la Cámara de Diputados ha asignado recursos para su elaboración, de los que tampoco se ha informado públicamente.
Aún cuando hay algunos esfuerzos para reformar algunos artículos de códigos penal y civil del ámbito local, no se han promovido de manera integral y coordinada por parte de las legislaturas de las entidades, las reformas necesarias en la legislación local, “en un término de seis meses, contados a partir de entrada en vigor de la presente ley”, reformas indispensables para constituir un nuevo Estado de Derecho que proteja los derechos humanos de mujeres y niñas, contribuya a la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres y garantice la democracia en México.
El incumplimiento con los transitorios en los plazos marcados en la Ley, constituye una violación de la misma, por parte de quienes tienen como deber constitucional promoverla y ejecutarla.
La Red de Investigadoras otorgó reconocimientos especiales a Olga Bustos Romero y a Verónica Cruz por su valiosa contribución a la construcción de los derechos humanos de las mujeres.
Con el objeto de empoderar la Ley, acordamos empoderar a la Red de Investigadoras y:
Continuar los enlaces entre la Coordinadora de la Red de Investigadoras y otras redes y organizaciones comprometidas en la promoción, vigencia y empoderamiento de la Ley General y de las leyes en la materia de las entidades federativas, para que haya más fluidez en la información, mayor participación y articulación en las acciones, tanto en las entidades como a nivel nacional.
Preparar el 3er Seminario Nacional para darle continuidad al empoderamiento de las 33 leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Trabajar en acciones que permitan un puntual seguimiento de los procesos locales para exigir el funcionamiento de los Sistemas locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la divulgación y aplicación de los Programas Estatales; insistir en la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Delitos Violentos Contra Mujeres y de los Diagnósticos sobre la violencia de género contra mujeres y niñas.
Son necesarias la revisión y la adecuación del marco jurídico local de las 32 entidades federativas, esta revisión debe abarcar a toda la legislación para lograr una integralidad en el enfoque de los derechos humanos de las mujeres.
Afirmamos que empoderar la Ley en momento, significa exigir su cumplimiento, concluir los procesos que le faltan, proceder a evaluarla tras la realización de un diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres y las política de gobierno correspondientes a su erradicación. Expresamos preocupación sobre los riesgos de reformar la Ley General. Consideramos en cambio, la urgencia de trabajar en una reforma integral al Reglamento de la Ley General.
REALIZAR UN TALLER PARA REFLEXIONAR SOBRE LOS LINEAMIENTOS de la declaratoria DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO y de REDENIFIR LOS PROCEDIMIENTOS INSCRITOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL. Trabajar en un Manual para el procedimiento de la solicitud de la declaratoria de la alerta de violencia de género.
Es necesario seguir el proceso de discusión de la tipificación del delito del feminicidio, así como en la profundización de la modalidad de violencia feminicida y hacerlo en marco de la Ley y de la reforma integral de los códigos penales y civiles, así como de los códigos de procedimientos penales y civiles.
Es indispensable insistir que los Sistemas deben definir el modelo integral de prevención, atención y erradicación de la violencia de género para dar respuesta a las modalidades y tipos de la violencia de género. El modelo de sanción, debe estar inscrito en los códigos penales y de procedimientos penales a nivel local y a nivel federal para el caso de delitos en el ámbito federal.
Poner atención a la situación de las mujeres con VIH y Sida.
Fue relevante el análisis ideológico, político y cultural realizado por compañeras lideresas indígenas comprometidas con el empoderamiento de la Ley. Hicieron notar la complejidad de los conflictos que enfrentan con sus comunidades y organizaciones, así como con su cultura tradicional. Es importante destacar sus aportes en la investigación de la violencia contra las mujeres indígenas y sus propuestas y acciones para enfrentarla.
Aprovechar la actual conjunción de preocupaciones de algunas organizaciones feministas y de defensoras de los derechos humanos de las mujeres, sobre el feminicidio en distintas zonas o territorios del país y llamar a acciones comunes.
En necesario convocar a la ANUIES y a las universidades públicas de nuestro País, para que integren en la currícula universitaria, el conocimiento de las leyes a favor de los derechos humanos de las Mujeres y de las Niñas.
Exigimos la urgente publicación masiva de la ley para que sea del conocimiento público y particularmente, de las mujeres.
Solicitar a la Comisión Nacional Indígena y al Programa México Nación Multicultural de la UNAM, entre otras, la traducción de la Ley en cuando menos, cinco lenguas indígenas.
RESOLUTIVO ESPECIAL SOBRE CIUDAD JUAREZ. Frente al feminicidio y la grave situación de violación de los derechos humanos que padecen las mujeres y toda la sociedad en el Estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, se acuerda publicar un comunicado para exigir el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, sobre el Campo Algodonero y crímenes contra mujeres indígenas. Rechazamos la persistente violación del Estado de Derecho por la militarización y la política violenta y represiva de las fuerzas policiacas y militares. Preocupa los asesinatos a mujeres y familiares de víctimas defensoras de los derechos humanos, así el hostigamiento y el feminicidio de mujeres periodistas.
LA RED DE INVESTIGADORAS POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES.
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