jueves, 24 de febrero de 2011

Apelarán sentencia contra joven acusada de abortar

Uniradio, Jueves 27 de febrero


Abogados defensores apelarán la sentencia de 23 años de cárcel que el Juzgado Cuarto de lo Penal impuso a una joven a quien se acusa de homicidio agravado en razón de parentesco, tras un aborto que sufrió cuando ni sabía que estaba embarazada.

Arnoldo Castilla, el representante legal de Lesly Karina Díaz Zamora, presa desde el 2008, sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia del estado deberá determinar si se desecha el castigo que calificó de injusto, pues se basó en una prueba fallida.

Dicha prueba denominada docimasia pulmonar, que consiste en colocar pulmones, estómago y timo en una bandeja de agua fría para que floten si el ser estaba vivo al momento de nacer, fue descartada por el mismo personal que participó en la autopsia que se hizo a la niña que Lesly abortó de forma involuntaria ya que ni siquiera sabía que estaba embarazada porque nunca dejó de tener su ciclo menstrual.

“Un perito de la misma Procuraduría (General de Justicia del Estado), en un careo admite que esa prueba ya se considera insegura. Entonces, hemos sostenido, ha sostenido Lesly, que el niño nació muerto. Yo por lo tanto no existe homicidio. El criterio de la juez es muy respetable, para nosotros es en otro sentido y por eso estamos apelando”, comentó el abogado.


Y agregó: “la defensa presentó innumerable grupo de pruebas que consideramos nosotros son bastante suficientes para acreditar la inculpabilidad de nuestra defendida”.


Castilla adelantó que este será uno de los principales argumentos que presentarán para la defensa de la joven residente del Valle de Mexicali y que estudiaba preparatoria al momento del incidente.

Agustín Díaz, padre de Lesly, pidió mayor conciencia a las autoridades y pidió que no se le juzgue a su hija por las apariencias, pues existen suficientes pruebas de que la joven es inocente. Reveló que la mujer se encuentra muy afectada por la situación al igual que el resto de su familia.

Por su parte grupos de activistas que se han involucrado en el caso exigieron a las autoridades que den a conocer un censo de mujeres que estén presas por situaciones similares a las de la joven mexicalense.

Demandaron además que se dé marcha atrás a una reforma que se registró al artículo séptimo de la Constitución de Baja California en el que se defiende la vida humana desde la concepción.

Integrantes de la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California, Mujeres Unidas en Torno al Género la Equidad y Reivindicación, académicas y catedráticas de la UNAM y la UABC, entre otros organismos, están pendientes del caso, que coinciden, es una muestra de desigualdad de género y de discriminación.

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