Pronunciamientos

Enviamos los siguientes pronunciamientos como parte de las acciones que realizaron las compañeras de Ciudad Juárez los últimos días del año pasado, tras el asesinato de Marisela Escobedo.

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

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Asesinato de defensora de derechos humanos de Ciudad Juárez. Su familia en inminente riesgo. Protestas son reprimidas.

Ciudad Juárez, 20 de diciembre de 2010.- El pasado 16 de diciembre Marisela Escobedo Ortiz, defensora de derechos humanos de Ciudad Juárez, fue asesinada a balazos por un hombre no identificado a las puertas del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, donde protestaba por la impunidad en la que se mantiene el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Rubí, de 16 años, fue asesinada por su pareja en agosto de 2008. Las autoridades actuaron de la misma manera como han actuado en las casi dos décadas en que se ha denunciado el feminicidio en esa ciudad: no investigaron ni sancionaron el asesinato, aunque su madre proporcionó todas las pruebas y hasta presentara al asesino confeso. Pero principalmente, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sentenciar a México, el Estado mantuvo su política y cultura de discriminación en contra de las mujeres, causa principal que genera el feminicidio y su impunidad. Entre 1993 y 2001, años analizados en la sentencia de Campo Algodonero, se tenía el registro de 214 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

El registro periodístico del 1º enero al 15 de diciembre de 2010 es de 297 mujeres asesinadas en la misma ciudad, un incremento alarmante. Casi la totalidad de los casos permanece en la impunidad. A un año de su publicación y a pesar de contar con medidas de vanguardia para la reparación del daño y la no repetición de la violencia contra las mujeres, las autoridades mexicanas no han iniciado la implementación efectiva de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana, como lo revelan estos lamentables hechos. La ciudadanía se manifestó al día siguiente del crimen contra Marisela en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en la Ciudad de México. En esta última, capital del país, las autoridades federales respondieron reprimiendo a las manifestantes, primero cercando e impidiendo su reunión, posteriormente con el violento desalojo de las manifestantes del lugar a través de más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva.

Ante las agresiones, las manifestantes detuvieron el tráfico de dos de las avenidas principales de la ciudad exigiendo diálogo con las autoridades federales –Secretario de Gobierno, Procurador de la República-, estatales –el Gobernador y Fiscal- y municipales. El gobierno federal se comprometió a dar fecha y lugar para dicha reunión, con los puntos de agenda planteados por las manifestantes, en un plazo no posterior del 7 de enero de 2011. La impunidad del Estado asesinó a Marisela. Ella denunció amenazas por parte del asesino en fuga de su hija y las autoridades no actuaron. El pasado 18 de diciembre, mientras su esposo, hijos, hija, nieta y demás familiares despedían el cuerpo de Marisela, fue quemada la carpintería que era el negocio familiar y secuestrado el cuñado de Marisela,Manuel Monge Amparán, del que fue encontrado su cadáver el día de ayer.

La ciudadanía exige inmediata protección de los familiares y de las defensoras en Ciudad Juárez, así como la debida investigación de todos los hechos y sanción de los responsables. Las autoridades de Chihuahua y el gobierno federal mantienen la desprotección y el riesgo de los familiares de víctimas y de las defensoras al argumentar su inacción en que los asesinos y agresores son particulares. La Corte Interamericana ya condenó al Estado mexicano por hechos semejantes, pues es responsabilidad de las autoridades garantizar la vida y la integridad de las personas, sean agredidas por las propias autoridades o por terceros. Más aún, cuando la agresión tiene claros indicios de sustentarse en motivos discriminatorios como es el caso.

Gobierno local y federal impiden y reprimen manifestaciones pacíficas de la ciudadanía. Sin garantías mínimas de protección por parte del Estado mexicano, familiares de Marisela Escobedo huyen del país.

Ciudad Juárez, 29 de diciembre de 2010.- Por segunda vez en este mes, el gobierno de Chihuahua vuelve a impedir la manifestación pacífica de la ciudadanía que exige fin a la impunidad y al femincidio. El pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que la ciudadanía había colocado en el lugar del asesinato de la defensora Marisela Escobedo- delimitando el Palacio de Gobierno- sin que el Gobernador asumiera la responsabilidad de dicho retiro.

Ayer, 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua puso elementos de la policía estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen. Algunos asistenes se preguntan por qué no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el pasado 16 de diciembre. Por su parte, el gobierno federal también respondió de manera represiva y violenta contra quienes se manifestaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de México por los mismos hechos.

El representante de la Secretaría de Gobernación que al final acudió a negociar se comprometió a dar fecha para realizar una reunión con los titulares del ejecutivo y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, acuerdo que todavía no se ha cumplido. El homicidio de Marisela Escobedo, el incendio de su negocio familiar el día de su funeral, y el secuestro y asesinato de su cuñado al día siguiente, así como la represión de la manifestación pacífica en Chihuahua y en la Ciudad de México son acciones que la ciudadanía identifica claramente como amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia.

La incapacidad de las autoridades para dar una efectiva protección a la familia de la defensora los llevó a huir del país una semana después de los sucesos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no cumplir con su obligación de no discriminar, de manera particular, al sostener la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres. Reprimir la exigencia pacífica de justicia por parte de la ciudadanía reactiva los hechos por los cuales México fue condenado. La sociedad mexicana demanda garantías efectivas de protección a las y los defensores que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, y familiares de vícitmas, así como el respeto irrestricto del derecho de libre manifestación.