Marisela y Rubí

Sergio Sarmiento20 Dic. 10

"El hecho de que las víctimas tengan voz, y que tengan una voz clara, que sea protegida..., es, a mi juicio, uno de los mayores desafíos aún pendientes del sistema de procuración de justicia de nuestro país".

Felipe Calderón La muerte de Marisela Escobedo Ortiz, de 52 años, nos muestra una vez más cómo la impunidad carcome a nuestro país.

Como otras mujeres, Marisela fue impulsada a convertirse en activista por el asesinato de una hija, Rubí Marisol Frayre, de 16 años, en Ciudad Juárez, en 2008. En ese asesinato, al contrario de muchos otros en Juárez, pareció en un momento que habría justicia. El homicida, Sergio Barraza, pareja de Rubí, fue detenido y confesó el homicidio. No sólo señaló dónde se encontraba el cuerpo descuartizado, sino que pidió perdón públicamente a la madre de la víctima. Los tres jueces del tribunal que vio el caso en el nuevo sistema de justicia de Chihuahua, sin embargo, exoneraron a Barraza porque la única prueba era una confesional. Un tribunal de casación revocó la condena, pero Barraza escapó.

Marisela, enfermera jubilada del IMSS, abandonó una carpintería que había abierto y se dedicó en cuerpo y alma a buscar a Barraza. Ofreció como recompensa por capturarlo los 1,500 dólares que eran el ahorro de su vida. En los últimos días llevó sus protestas al Palacio de Gobierno de Chihuahua a pesar de las amenazas de Barraza o de gente allegada a él. Este 16 de diciembre las amenazas se cumplieron y Marisela fue asesinada frente a ese Palacio de Gobierno.
La misma semana que Isabel Miranda de Wallace recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su esfuerzo personal para lograr el castigo de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto, ante la indiferencia o incapacidad de las autoridades, una mujer ha sido asesinada por llevar a cabo ese mismo esfuerzo.

La exoneración de Barraza el 29 de abril ha generado críticas al sistema penal acusatorio oral recientemente instaurado en Chihuahua. La propia señora Wallace me dice que el problema no es el sistema sino su mala aplicación. El que la confesional no sea ya la prueba reina de un juicio, por ejemplo, no significa que pierda toda validez probatoria. Por otra parte, ante la incapacidad casi total de las policías mexicanas de hacer trabajos de investigación -por eso las madres tienen que hacer esa labor- la disminución de la capacidad probatoria de la confesional hace casi imposible demostrar una acusación. Según la señora Wallace, antes se obtenía una efectividad de 43 por ciento en las sentencias de culpabilidad en los casos de homicidio. Hoy, con el nuevo sistema penal, esta efectividad ha caído al 0.7 por ciento.

Si bien a nivel constitucional se establece el derecho de las víctimas a ofrecer pruebas, afirma la señora Wallace, los códigos penales no lo contemplan. Los jueces, sin embargo, no guían sus fallos por la Constitución sino por los códigos. Por eso a las víctimas se les sigue negando la posibilidad de participar en los juicios.

En julio de este 2010 Marisela Escobedo buscó una cita con el presidente Felipe Calderón para exigir la captura del homicida de su hija. El Presidente no la recibió. Este 15 de diciembre, en cambio, el mandatario sí participó en la ceremonia en la que entregó a la señora Isabel Miranda de Wallace el Premio Nacional de los Derechos Humanos y en la que pidió al país combatir la impunidad. Un día después el homicidio de Marisela Escobedo nos recuerda que esa impunidad sigue vigente y de hecho se acentúa a pesar de los aumentos a los presupuestos de las policías.